Ante el esperado fallo del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la causa seguida a instancia de
la defensa de la miserable y sanguinaria terrorista Inés del Río, y en lo que
respecta a la “doctrina Parot”, me he tomado la molestia de leer y estudiar la
Sentencia número 197/2006, de fecha 28 de febrero de 2006, que es la que sienta la
citada doctrina, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS).
Veamos.
La sentencia gira en torno a la
aplicación de los beneficios penitenciarios en función de la interpretación que
se haga de lo dispuesto en la regla número 2 del artículo 70 del Código Penal
(CP) de 1973 (el aplicable a Henri Parot Navarro por ser el vigente en el
momento de la comisión de los hechos/asesinatos por los que fue condenado).
¿Qué dice el citado precepto?
“Cuando todas o algunas de las penas
correspondientes a las diversas infracciones no pudieran ser cumplidas
simultáneamente por el condenado, se observaran, respecto a ellas, las reglas
siguientes:
2ª. No obstante lo dispuesto en
la regla anterior, el máximum de cumplimiento de la condena del culpable no
podrá exceder del triplo del tiempo por que se le impusiera la más grave de las
penas en que haya incurrido, dejando de extinguir –de cumplir- las que procedan
desde que las ya impuestas cubrieren el máximo de tiempo predicho, que no podrá exceder de treinta años.
La limitación se aplicará aunque
las penas se hubieran impuesto en distintos procesos si los hechos, por su
conexión, pudieran haberse enjuiciado en uno solo”.
Antes de seguir tengo que decir
que leer los muchos rollos de los
distintos Juzgados centrales de Instrucción en los que se han juzgado las
causas pendientes de Henri Parot (y que se recogen en la Ejecutoria núm.
1000012/1984 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional en fecha 26 de abril de 2005) pone a uno los pelos como escarpias,
parece del todo increíble que una persona sea capaz de hacer tanto daño y
verter tanta sangre a su alrededor.
Seguimos. ¿Qué es lo que hace el TS
en la citada Sentencia? Después de una extensa argumentación jurídica, en la
que aborda distintos aspectos interpretativos, entre ellos los del término
“conexión” en sus vertientes “procesal”, “material” y “temporal” (el análisis y
estudio de la sentencia daría para un artículo científico, y aquí no procede), el
Supremo establece que:
a)
“…sería pertinente recordar que la doctrina ampliamente
mayoritaria y nuestra propia jurisprudencia (ad exemplum, STS 1101/1998) no consideran aplicable a la jurisprudencia
la prohibición de irretroactividad, que el texto del art. 25.1 CE reserva a la
legislación y el del art. 9.3 a disposiciones legales o reglamentarias”.
b)
“Por todo ello, teniendo en cuenta que, como surge del
escrito del recurso, el ahora recurrente fue puesto en prisión en 1990, deberá cumplir las penas que se le
impusieron en los distintos procesos en forma sucesiva, computándose los
beneficios penitenciarios respecto de cada una de ellas individualmente,
con un máximo de ejecución de treinta años, que se extenderá hasta el año 2020”
Y por ello la mayoría de los
magistrados de la sala emiten el siguiente FALLO: “… y en consecuencia, acumulamos todas las penas relacionadas
en los antecedentes de esta resolución para
su cumplimiento sucesivo por el penado, con la limitación de treinta años
de prisión, en los términos jurídicos que han quedado razonados…”.
En resumen, los beneficios
penitenciarios ganados por Henri Parot pasan a computarse respecto de cada una
de las penas individualmente, y claro, por muchos beneficios penitenciarios que
tenga, al ser estos aplicados a miles de años de penas de cárcel sucesivas, en
ningún caso podría salir de prisión antes de los 30 años que el CP de 1973 establece
como límite temporal máximo. Y todos contentos. Año 2006, claro.
De la sentencia comentada, lo más
relevante a mi modo de ver, es el voto particular, voto en contra, de los
magistrados José Antonio Martín Pallín, Joaquín Giménez García y Perfecto
Andrés Ibañez. A saber.
Empezamos casi por el final, y es
que en el punto séptimo de su voto se encargan de recordar, por si a alguien se
le había olvidado, que “la
irretroactividad de la ley penal desfavorable es un dogma intangible del Estado
de Derecho, y como tal ha sido consagrando en el art. 9.3 de la Constitución”
(¡Ojo! Que lo que dice el 9.3 CE es que “La Constitución garantiza el principio
de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”).
Y señalan los magistrados
“rebeldes” a continuación: “… entendemos que lo que se hace en la resolución
controvertida no es, simplemente, una relectura, sino una verdadera reescritura
del texto del artículo 70, 2ª del CP de 1973. Pues, en efecto, una vez fijado
el máximo de cumplimiento a tenor de esta regla mediante la refundición de la
totalidad de las penas impuestas, y alcanzado el límite máximo de 30 años; en
vez de operar directa y únicamente con él, se retrocede en el proceso de
acumulación, para actuar de forma individualizada sobre cada pena en la
aplicación de los beneficios penitenciarios, según una inédita técnica de desagregación no prevista en aquel
texto. Y que equivale, lisa y llanamente, a aplicar de manera tácita –y
retroactiva en perjuicio del reo- el art. 78 del CP de 1995, en su actual
redacción debida a la LO 7/2003”.
Y claro, es interesante ver lo
que la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el
cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, dice al respecto, pues en su
Exposición de Motivos leemos que “La ley reforma el artículo 78 del CP para que
los beneficios penitenciarios,…, en los supuestos de crímenes especialmente
graves se refieran siempre a la totalidad de las penas impuestas en las
sentencias”, y señala el art. 78: “el juez o tribunal sentenciador podrá
acordar que los beneficios penitenciarios,…, se refieran a la totalidad de las
penas impuestas en las sentencias”. ¿Vamos viendo lo que introduce la LO
7/2003? Pero claro, el mal nacido de Parot fue juzgado con el CP de 1973, no
con el modificado de 1995 por la citada LO… Vamos viendo, ¿no? Seguimos con el
voto particular.
Como antesala al contundente
punto séptimo ya señalado, en el sexto leemos con claridad meridiana: “Todos
los tribunales españoles, cuando entró en vigor el CP de 1995, tanto al
enjuiciar los casos pendientes en ese momento, como en el trámite de revisión
de las condenas en curso de ejecución, para determinar la ley penal más
beneficiosa, partieron del dato normativo, nunca
cuestionado, de que sobre la pena
resultante de la aplicación de la regla 2ª del art. 70 del CP de 1973 tendría
que incidir la redención de penas por el trabajo… En el mismo sentido hay
que señalar que, recientemente, no menos de 16 penados por terrorismo, algunos
condenados a penas de prisión centenarias, una vez fijado –conforme al CP de
1973- el máximo de pena a cumplir en 30 años, se beneficiaron de la redención
de penas por el trabajo según el criterio que aquí se defiende”, a saber, que
la pena resultante de la acumulación es una pena nueva y, por tanto, sobre ella
deberán operar todos los beneficios penitenciarios derivados de la
individualización según el criterio de grados, en los términos del art. 72 de
la Ley General Penitenciaria.
Refuerza lo anterior la STS de 8 de marzo de 1994,
que casó la de la Audiencia Provincial: “Se
olvida por el Tribunal de Instancia que la pena señalada en el art. 70.2 del CP,
el límite de 30 años en este caso, opera ya como una pena nueva, resultante y
autónoma, y a ella deben referirse los beneficios otorgados por la Ley como son
la libertad condicional y la redención de penas (…). Se trata de una
interpretación realizada por el órgano a quo contra reo y que por ello debe
proscribirse (…). Sobre la pena resultante, que podría ser el triplo de la más
grave de las sanciones o bien el límite de 30 años, es donde deben operar los
beneficios penitenciarios y no distinguir donde la ley no distingue y contra
reo y con choque frontal a lo señalado en el art. 25.2 del texto
constitucional…”.
¿Ha quedado claro? ¿No?
Resumamos.
¿Qué decía el TS hasta su
sentencia 197/2006 de fecha 28 de febrero, sentencia que asienta la famosa
“doctrina Parot”, en su interpretación del CP de 1973? Lo que acabos de leer,
que los beneficios penitenciarios se aplicaran sobre la pena resultante de la
acumulación de penas por cada uno de los delitos cometidos; pena resultante,
pena nueva, que será de 30 años de prisión como máximo. Con este criterio, un
demonio como Inés del Río, condenada a, por ejemplo, 3000 años de cárcel por
sucesivas penas correspondientes a sus múltiples delitos, sólo permanecerá un
máximo de 30 años en prisión, pena nueva a la que se aplicará, en su caso, los
beneficios penitenciarios pertinentes. Por ejemplo, si hubiera redimido (por
los conceptos que sean) 10 años, tendría cumplida la pena a los 20 años de
estancia en prisión.
¿Qué dice la mayoría de la Sala
Segunda de lo Penal del TS en su sentencia 197/2006 analizada al interpretar el
CP de 1973? Que los beneficios penitenciarios se aplicaran a cada una de las
sucesivas penas individualmente fijadas. Es decir, si, como en el caso
anterior, Inés del Río ha redimido 10 años, le quedaría por cumplir 2990 años
de prisión, pero como existe un límite máximo de 30 años pues cumpliría los 30
años de prisión íntegramente.
¿Y qué dicen los tres magistrados
del voto particular? Pues lo que hoy dice el TEDH, que “la irretroactividad de
la ley penal desfavorable es un dogma intangible del Estado de Derecho”.
Cabría preguntarnos entonces
porqué ese cambio de criterio en la mayoría de la Sala Segunda de lo Penal del
Tribunal Supremo en el año 2006. Pues contestan los tres magistrados en el
punto octavo de su voto particular: “Es claro que tal giro interpretativo tiene
que ver con la llamativa singularidad del caso concreto, es decir, con el
sanguinario historial del recurrente –Henri Parot- y su cruel autocomplacencia
en lo realizado. Y que tampoco es ajeno al comprensible eco de ambos factores
en los medios de comunicación y en la opinión. Pero ni siquiera tales circunstancias pueden justificar una quiebra de
los parámetros de aplicación del derecho que constituyen la normalidad de la jurisprudencia.
Por un imperativo de estricta legalidad, e incluso –si es que aquí pudieran
contar- por las mejores razones de política criminal. Pues, como nadie ignora,
una práctica común en la estrategia de las organizaciones terroristas consiste
en inducir al Estado de Derecho a entrar en esa destructiva forma de conflicto
consigo mismo que representa el recurso a medidas excepcionales”.
Querido lector, no conviene
confundir el amor y el respeto al derecho con la moral o la política, por eso,
a juicio del que esto escribe procede dejar claro que si de mí dependiera,
tanto Inés del Río como Parot y todos sus secuaces estarían pudriéndose en la
cárcel el resto de sus vidas, pero nuestro Código Penal no contemplara la
cadena perpetua (¡ay!, el legislador siempre llega tarde). Y lo que el
articulado del CP de 1973 tampoco contempla es la aplicación de los beneficios
penitenciarios a cada una de las penas sucesivamente impuestas, tal y como se
ha venido analizando, sino que se aplican (y así lo ha establecido el TS en su
múltiple jurisprudencia al respecto) sobre el límite máximo de estancia en
prisión, esto es, 30 años. Triste, sí, pero cierto y conforme a derecho.
Ciertamente es vergonzoso, y
vergonzante, reconocer que en la España de hoy paga con la misma condena el que ha
asesinado a 2 personas que el que ha asesinado a 200, y eso ETA lo sabe. Y
Zapatero.
Continuará…
Diosa justicia
