Prevaricar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa “delinquir los empleados públicos dictando o proponiendo a sabiendas o por ignorancia inexcusable, resolución de manifiesta injusticia”. También significa la acción en virtud de la cual se comete el crimen de prevaricato, es decir, incumplimiento malicioso o por ignorancia culpable, de las funciones públicas que se desempeñan.
El artículo 404 de nuestro vigente Código Penal establece que “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”. A toda autoridad y a todo funcionario público, insisto.
El señor Baltasar Garzón es un funcionario público, como muchos otros que yo sepa, que está siendo procesado por prevaricación, ni más ni menos. Así lo han decidido por mayoría absoluta, conforme a Derecho, quince de los dieciséis magistrados que componen la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo –máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial en España-, ni más ni menos.
Muchos personajes públicos, de dudosa capacidad crítica y talla intelectual así como de dudosa independencia y saberes jurídicos, están convocando actos absolutamente esperpénticos y totalitarios en apoyo de Baltasar Garzón. Yo les preguntaría: ¿aplicamos la ley en función del sujeto que la incumple? Si el señor Garzón cometiera un delito de extorsión, de estafa, de falsedad documental o de violencia de género ¿también le apoyarían? El artículo 14 de nuestra Constitución establece que todos los españoles son iguales ante la ley, ¿o no? ¿Quién de ustedes, señores de la ceja, apoya la ley?
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