¿Y quién apoya la ley?

Prevaricar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa “delinquir los empleados públicos dictando o proponiendo a sabiendas o por ignorancia inexcusable, resolución de manifiesta injusticia”. También significa la acción en virtud de la cual se comete el crimen de prevaricato, es decir, incumplimiento malicioso o por ignorancia culpable, de las funciones públicas que se desempeñan.

El artículo 404 de nuestro vigente Código Penal establece que “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”. A toda autoridad y a todo funcionario público, insisto.

El señor Baltasar Garzón es un funcionario público, como muchos otros que yo sepa, que está siendo procesado por prevaricación, ni más ni menos. Así lo han decidido por mayoría absoluta, conforme a Derecho, quince de los dieciséis magistrados que componen la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo –máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial en España-, ni más ni menos.

Muchos personajes públicos, de dudosa capacidad crítica y talla intelectual así como de dudosa independencia y saberes jurídicos, están convocando actos absolutamente esperpénticos y totalitarios en apoyo de Baltasar Garzón. Yo les preguntaría: ¿aplicamos la ley en función del sujeto que la incumple? Si el señor Garzón cometiera un delito de extorsión, de estafa, de falsedad documental o de violencia de género ¿también le apoyarían? El artículo 14 de nuestra Constitución establece que todos los españoles son iguales ante la ley, ¿o no? ¿Quién de ustedes, señores de la ceja, apoya la ley?

"Funcionarios", por Rafael Ordoñez

Por su interés, y en solidaridad con miles de funcionarios, les dejo con un artículo, a mi juicio brillante, escrito por D. Rafael Ordoñez en el diario "Huelva informaciones" el pasado 25.08.2009.

arias breves
Funcionarios
Rafael Ordóñez Actualizado 25.08.2009

"HA bastado que un personaje de la talla intelectual del ministro de Fomento del gobiernito de España haya dicho que hay que congelar el sueldo de los funcionarios para que las hordas mediáticas se hayan puesto a babear al unísono diciendo sí, sí. Un gobiernito que ha endeudado a la nación para los próximos cincuenta años en cotas inimaginables, que despilfarra literalmente lo que puede y lo que no, que está señalado como inútil y manirroto en todos los organismos internacionales de la cosa económica, que ha puesto a España ante la increíble posibilidad de ser expulsada de la zona euro, viene ahora y nos da lecciones de austeridad a costa de los funcionarios. El señor Blanco que acaudilla la cruzada para colocar a la compañera Pajín como senadora del Reino y meterle tres millones de pelas mensuales en la cuenta corriente ha sido el encargado de poner a los funcionarios a los pies de los caballos. Resulta que en la década prodigiosa del pelotazo, cuando casi todo el mundo se lo llevaba calentito a casa, cuando un encofrador ganaba tres mil euros mensuales, cuando buscar un albañil era una heroicidad, cuando el último garrulo del pueblo montaba una constructora y se forraba sin cuento, cuando un muchachito que no sabía poner tres ladrillos derechos se paseaba con la novia en un Audi A3, los funcionarios aguantaban y penaban. Nadie se acordaba de ellos. Eran los perdedores del momento, los que hacían más números que un contable porque los demás estaban inflacionando el país hasta llegar a lo que hemos llegado.Y ahora resulta que la culpa de este desmadre la tienen los funcionarios. Los alcaldes de pueblo cobrando un millón de pelas mensuales limpias de polvo y paja, no. Los diputados y senadores a entre uno y dos millones mensuales, tampoco. La avaricia bancaria que prestó dinero a quien sabían que nunca iba a devolverlo, tampoco. La lista de despropósitos a señalar es mucho más grande que el espacio de este artículo. La culpa, según estos adalides de la desfachatez, es del juez que ha estado cinco años preparando unas oposiciones monstruosas, del inspector que se ha dejado la vista y la salud en cuatro años de oposiciones tremendas, tras cinco años de carrera primorosos, del profesor que ha sorteado interinidades y oposiciones cada vez más duras y que por poco más de mil euros aguantan a los niños y las niñas de mamá y papá; papás y mamás a los que no les da la gana de hacer lo que están obligados: educar a sus hijos. Prometo más artículos contra esta ignominia de querer culpar a los funcionarios de la ruina en la que nos han metido unos cuantos inútiles. Menuda tropa".